En los últimos 14 años surgieron muchos proyectos utilizando reservas internacionales, forzando a que el Estado ingrese a campos que deberían estar en manos privadas. Yo fungí como Gerente General del Sedem desde fin de noviembre de 2019 hasta el 22 de abril de 2020. En ese tiempo, cuidando el prestigio personal, se gestionó ese conglomerado de empresas, intentando sincerar su gestión. Se las midió, evaluó y propuso mejoras. No se pudo avanzar más. Acá, una veloz visión y comentarios, quizás útiles.
Ecebol emprendió proyectos en dos plantas: Oruro y Potosí, con créditos del Finpro que superan los 600 millones de dólares. Oruro produce clinker y cemento, sobre todo el IP 40, con gran aceptación en el mercado. Se efectuó la recepción definitiva de la planta; ahora, en período de garantía. Faltaba un último pago al consorcio constructor de no más de 13 millones de dólares. Existían reclamos por casi 30 MM de dólares sin asidero legal. La voladura del gasoducto Carrasco en noviembre, la toma de la planta en marzo, y ahora la pandemia, afectaron la liquidez necesaria para enfrentar la deuda a capital que vence en junio próximo y asciende a cerca de 23 MM de dólares.
El caso de Potosí es más crítico. Si no se firma un convenio con YPFB para que permita que Ecebol financie la construcción de 7 KM de gasoducto faltante, el consorcio no reiniciaría actividades, suspendidas desde noviembre. El avance era de 97 % en provisión de equipos, 95 % en obras civiles y 60 % en montaje electromecánico. Sin ese tramo de gasoducto, será difícil conseguir volúmenes mínimos para pruebas y no se podrá llegar a la recepción provisional postergada desde febrero pasado.
Envibol puso una planta con tecnología de punta en Zudañez, lejos de los mercados de insumos y productos y sin gas natural. Se usa GLP. No fue un proyecto “llave en mano”; contrataron a una empresa para el diseño final y de capacitación con pobres resultados. No encontramos a nadie que conozca la química de la fusión de vidrio. No había laboratorio de análisis químico de materias primas, se ordenó una auditoría especial a esos contratos y se instruyó un proceso de reingeniería.
La deuda al Finpro asciende a 70 MM de dólares y en agosto vence el periodo de gracia. El precio de los envases, a la capacidad con la que trabajaba (12 %), no cubre costos de operación. Se sugiere convertirla a sociedad mixta con un consorcio entre consumidores de envases de vidrio.
Papelbol tiene la planta en Villa Tunari, pero no usa fibras naturales como insumos, importa residuos de papel para el papel de escritura. La empresa se dedicó a actividades fuera de su objeto: distribuía el subsidio y terciarizaba mochilas escolares para alcaldías. No pudo demostrar perspectivas de rentabilidad. Sería aconsejable mudarla a empresa mixta. La recolección masiva de residuos de papel en el país es tarea pendiente.
Cartonbol, considero que es la que mejor puede desarrollarse por sí sola; sin embargo, necesita de ampliación física e inversiones que mejorarían su competitividad. Se la debería mudar a empresa mixta para enfrentar ampliaciones físicas y de mercado.
La Empresa de Abonos y Fertilizantes no se ha abocado a su objeto: sus plantas de abonos orgánicos en Viacha y Villa Tunari, son irrelevantes para sus ingresos. No produce fertilizantes líquidos, los importa. Sus operaciones se limitaron a adquirir urea y otros fertilizantes de terceros, para venta con pago diferido a productores cuya recuperación es dudosa. Sus mayores ingresos provenían de la gestión del subsidio.
La Empresa de Semillas vendía semillas con pagos diferidos. Junto con EPAF, tenían cerca de 13 millones de bolivianos de deuda en ejecución por esas operaciones. Adquiría de terceros granos de arroz, frijol y otros, para proveer al subsidio. No tenía un rol importante en el Programa Nacional de Trigo. Yo propondría fundirla con EPAF.
Quedó inconcluso el Plan intensivo de Recolección de Residuos de Papel para Papelbol, y el Programa de Responsabilidad Social Empresarial con las comunidades aledañas a la planta de cemento de Oruro, iniciativas que bien podrían inscribirse en el Plan de Reactivación del empleo planteado por el gobierno.
Jaime Remberto Aliaga fue gerente general a.i. del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Privadas.
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