La privatización le costó $us 24.000 MM a Bolivia

La capitalización y privatización de empresas públicas, entre 1985 y 2005, por los gobiernos neoliberales le costó al país alrededor de $us 24.000 millones, de acuerdo con el tipo de cambio actual, informó el senador del MAS-IPSP Rubén Medinaceli.

En declaraciones a Cambio, el legislador miembro de la Comisión Especial Mixta de Investigación de ese proceso afirmó que ese monto se deriva de los ajustes realizados a la cotización del dólar.

En principio, mencionó que la cifra era de $us 10.000 millones por la enajenación de 212 empresas públicas.

“Ése es aproximadamente el valor, casi de un Producto Interno Bruto (PIB) anual comparado con lo que ocurre actualmente”, afirmó.

De acuerdo con el informe del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, la comisión legisladora hará público el informe en febrero.

En la oportunidad se presentará el pliego acusatorio contra quienes fueron responsables por la enajenación de las empresas públicas.
Medinaceli indicó que el informe conclusivo tendrá al menos tres mil páginas y estará dividido en varios capítulos.

El senador del Movimiento Al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos dijo que en el escrito se hace referencia a la capitalización y privatización, al desmantelamiento de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y los grupos de poder.

INVESTIGACIÓN

“Hemos investigado 212 empresas, de las que 156 han sido privatizadas y el resto entregadas en arrendamiento o a riesgo compartido”, afirmó.

En el caso de las estratégicas (YPFB, Comibol y Entel, entre las más importantes) todas fueron capitalizadas.

“En este caso hubo irregularidades, por eso a la Asamblea Legislativa le presentaremos proposiciones acusatorias contra los responsables porque le hicieron daño al país”, mencionó.

En la capitalización participaron cinco gobiernos: Víctor Paz Estenssoro (+) (1985-1989), Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), Hugo Banzer Suárez (1997-2001) y Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003). El proceso habría sido cerrado bajo la presidencia de Carlos Mesa (2003-2005).

En cuanto a las empresas mineras, Medinaceli indicó que una gran parte fue transferida bajo la forma de riesgo compartido, pero en su mayoría llegaron a manos del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.