El diputado potosino de Unidad Demócrata, Gonzalo Barrientos, denunció las vicisitudes de la población e indicó que el departamento tiene que soportar la ejecución de proyectos, que están a cargo de empresas estatales, a los que calificó de “explotadores y saqueadores” .
Dijo que las ganancias no se quedan en beneficio de ese girón patrio pese al aporte que realiza al desarrollo del país. Barrientos hizo esas declaraciones ante la proximidad del aniversario del departamento el 10 de noviembre. Entretanto, la diputada oficialista, Rosa Álvarez, desestimó por el momento las demandas de su colega Barrientos.
El asambleísta exigió que el departamento participe efectivamente en la administración de las nuevas industrias de Potosí. “En el caso del litio, fábrica de cemento y de la exportación y generación de energía eléctrica geotérmica, existe en ciertos niveles del Ejecutivo, una visión centralista y explotadora, donde no se puede participar como departamento”, incidió.
“Nuestra posición es que seamos accionistas, seamos socios y las utilidades y las ganancias en industrialización, explotación y aprovechamiento se conviertan en fábricas, industrias, empleos para que la gente no se vaya de Potosí”, indicó.
MIGRACIÓN
Lamentó también la dependencia de la explotación de recursos minerales y señaló que cuando éstos sufren una caída de precios Potosí deprime su economía y viene el éxodo de potosinos a otros departamentos, el que se agudiza como muestran los datos del INE, que revelan un flujo migratorio de un millón de potosinos hacia otras ciudades, indicó.
En contraparte, sobre el tema, la diputada masista, Rosa Álvarez, dijo que, “cuando se acaben los recursos minerales de Potosí hay que estar bien preparados, por eso el presidente Evo Morales ha dado un trabajo a las organizaciones sociales para que a través del Fondo Indígena propongan proyectos productivos”.
AGUA
En cuanto a la escasez de agua que sufre Potosí, el parlamentario de oposición denunció la falta de planificación por parte de las autoridades. “Es la muestra de que hay un régimen y sus autoridades que no han asumido sus responsabilidades, más de once años que están en el poder y ningún alcalde ha hecho algún tipo de medidas para garantizar la provisión de agua como derecho humano que establece la Constitución”, sostuvo.
Insistió que los proyectos gubernamentales como “Mi Agua” no mitigaron el problema y señaló que no aceptarán el reajuste en el precio del líquido elemento, además advirtió que la forma en que distribuyen el agua en cisternas no es apto para la salud de la población.
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