Empresas estatales: insistimos en blindarlas o desaparecerán

Recientemente se han destapado nuevos y variados escándalos de corrupción y de ineficiencias en varias de las empresas estatales de hidrocarburos de Latinoamérica. A Petrobras, la empresa abanderada de la región por todo lo que vamos informándonos día a día, se suman pruebas y denuncias de corrupción e ineficiencias en PDVSA, PEMEX, ANCAP, Ecopetrol, YPFB y en casi todas las demás estatales regionales.

Lo anterior debe hacernos reflexionar una vez más sobre cuál es el destino que estamos forjando en el largo plazo para estas empresas. Hemos observado diversos procesos de privatización y nacionalización en las pasadas décadas en toda la región.

Los procesos de privatización (desaparición) se han dado generalmente porque las empresas ya no podían sostenerse más por gestiones corporativas y administrativas totalmente ineficientes y politizadas, y también por una muy fuerte dosis de corrupción.

Me adhiero al sentimiento que existe en toda la región a mantener nuestras estatales y la decisión de hacerlo es algo soberano de cada país. Empero, si se decide mantenerlas es para que se fortalezcan y se conviertan en pilares estratégicos de largo plazo para nuestros países y debemos, imprescindiblemente, blindarlas del poder político de turno.

Mal manejo de las estatales

La historia se repite en nuestra región y una gran cantidad de gobiernos en los últimos 100 años han utilizado a estas empresas para: 1) ser una fuente de empleo para allegados políticos y parentela, 2) hacerlas subsidiar y ganar votos vía populismo, 3) forzarlas a invertir en proyectos poco o nada rentables y visibles en un afán electoralista, 4) ser objeto de recaudación para mantener la maquinaria política de los gobiernos de turno (léase Petrobras), 5) etcétera.

Lo anterior las torna en empresas no competitivas, las deja sin gobierno corporativo, sin gestión, sin tecnología y con magros resultados a la postre. Las arcas del Estado deben ir luego a socorrerlas y/o se las debe privatizar o vender (desparecer), las más de las veces a precio de gallina muerta.

En este derrotero camina Petrobras, vendiendo y privatizando gran parte de sus activos, y en breve lo deberá hacer PDVSA. Eso no queremos los latinoamericanos que suceda con nuestras empresas estatales. Institucionalizarlas y blindarlas del poder político de turno es el camino que demandamos.

Blindarlas y dejarlas actuar en forma corporativa, competitiva e independiente, trae un alto valor para los países. Uno, pueden romper acuerdos de control de precios y mercado que muchas veces pacta el sector privado. Dos, pueden estudiar proyectos estratégicos para el país y apoyar en decisiones a muy frágiles ministerios de energía. Tres, pueden participar en proyectos que se consideren estratégicos y rentables y allí donde los privados no deseen participar. Cuatro, pueden generar utilidad para que las mismas se queden en los países. Cinco, etcétera.

La mejor protección

¿Cómo blindarlas? En primer lugar, los directorios deben estar compuestos por miembros estatales (ministerios, regiones productoras y otros) y también independientes (colegios de ingenieros y colegios de economistas, entre otros) y los requisitos profesionales y responsabilidades claramente establecidos para su contratación y nombramiento. Mejores resultados se observan cuando los independientes son mayoría en los directorios.

Esos entes, a su vez, deben elegir a los presidentes de las empresas y encargar una terna a una empresa cazatalentos o de recursos humanos con los requisitos bien establecidos. Es decir, otorgar un gobierno corporativo que no responda a los designios y caprichos del poder político de turno.

Tampoco deben tener características sociales (no se las puede hacer subsidiar) y su contribución al Estado debe ser mediante el pago de dividendos e impuestos. No deben pedir permiso a los gobiernos de turno para comprar, vender, asociarse y/o participar en los negocios (asociarse en las diferentes actividades al capital privado e internacional es también un tipo de blindaje). Estas son tareas de los presidentes y sus directorios, no del poder político de turno.

Se las debe sacar de las amarras del Estado en cuanto a contrataciones y procesos de adquisición, fusiones o asociaciones, para que se tornen competitivas y dinámicas. Se las debe estructurar para que puedan levantar capital nacional e internacional (esto también es un tipo de blindaje). Se debe dejar que las empresas, en función de sus objetivos, logros y competitividad de mercado, remuneren los salarios de su planta directiva, gerencial, profesional y técnica.

Hay mucho más que decir, pero el espacio es insuficiente. Resumiendo, las empresas que sigan este norte tendrán larga y exitosa vida y serán estratégicas. Las que no lo hagan, muy probablemente correrán a los ministerios a pedir recursos y/o serán privatizadas en su totalidad o por partes (véase Petrobras) tarde o temprano, una situación que nadie quiere. Los ejemplos exitosos internacionales de blindaje del poder político se conocen y hay que aplicarlos.