La Procuraduría General del Estado gastó 8,3 millones de bolivianos por siete procesos de arbitrajes internacionales afrontados en 2015, siendo el caso de South American Silver, por la reversión de su concesión minera en Mallku Khota, el que demandó mayor cantidad de recursos con 7,8 millones de bolivianos, según nota de prensa de la Procuraduría.
Además del arbitraje de South American Silver, los otros seis casos fueron interpuestos por Abertis, por la nacionalización del Servicio de Aeropuertos Bolivia SA (Sabsa); Quiborax, por la revocatoria de 11 concesiones mineras de la Empresa Non-Metallic Minerals e Iberdrola y Paz Holdings por la nacionalización de sus acciones en Electropaz, Elfeo, Cadeb y Edeser, según declaró el procurador del Estado, Héctor Arce Zaconeta, durante su rendición de cuentas.
Así también se encuentran los procesos de arbitraje iniciados por la empresa suiza Glencore International AG debido a la nacionalización de la metalúrgica Vinto; por la empresa Jindal, debido al cobro de las boletas de garantía dentro del proyecto de explotación del cerro Mutún, y por Air BP por sus inversiones y el lucro cesante en la distribución de carburantes en aeropuertos.
“En siete procesos hemos gastado 8 millones de bolivianos, poco más de un millón de dólares”, dijo el Procurador.
Afirmó que esta cifra es menor a los estándares internacionales, donde cada proceso arbitral exige el gasto promedio de 4 millones de dólares.
De los siete casos, sólo fueron solucionados el de Iberdrola y Paz Holdings por la nacionalización de las empresas de servicios eléctricos. Iberdrola fue indemnizada con 34,1 millones y Paz Holdings con 19,5 millones. El proceso con el grupo empresarial concluyó con la firma de un acuerdo en noviembre de 2015.
En tanto, continúan los arbitrajes interpuestos por South American Silver, Glencore, Abertis, Jindal y Air BP, éste última, sin embargo, está abandonada desde 2013 por la inacción de la demandante.
El caso Quiborax también sigue, aunque tras el fallo del 16 de septiembre de 2015, por el cual el Tribunal de Arbitraje dispuso que Bolivia pague 48,6 millones de dólares, el Gobierno pidió la anulación y suspensión de laudo.
“En la actualidad Bolivia no tiene ningún conflicto legal que le genere preocupación, no tenemos ningún laudo ejecutoriado en nuestra contra”, subrayó Arce, en el acto de rendición pública de cuentas llevada adelante en la Vicepresidencia.
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