Los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz aseguraron que nunca estuvieron al frente de Ecobol (Empresa de Correos de Bolivia) y denunciaron que el canciller David Choquehuanca “impuso” a un gerente a nombre de este sector de los aymaras, según un reporte de la red Erbol.
La explicación. "Nosotros hubiéramos cambiado cualquier falencia en Ecobol, nosotros hubiéramos transparentado, nosotros Ponchos Rojos tenemos dignidad, por eso nosotros queríamos (administrar Correos); pero (Choquehuanca) nos ha dicho no es de ustedes, ha sido elegido políticamente (el gerente) (…) entonces nosotros ya no le hemos insistido, con eso nos han cortado y hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento”, dijo a Erbol el dirigente de este sector social, Pedro Lucana. En 2008, el Ministerio de Obras Públicas posesionó a Marvel Vargas Ortiz como gerente General de Ecobol, en representación de los Ponchos Rojos. En 2012, Vargas fue reemplazado por Constancio Hugo Choque, también como representante de los campesinos de Omasuyos. Lucana aseguró que ni Vargas ni Choque eran de su sector. Incluso indicó que el primero era un completo desconocido y el segundo fue impuesto por Choquehuanca.
“Todo esto manejaba el Canciller, era decidido por ese lado, no era por nosotros (…) a nosotros nunca nos ha consultado, más bien nosotros hemos reclamado y hemos dicho que esa institución nos corresponde y podríamos elegir porque gente profesional (tenemos) para llevar a ese lugar, pero llegado el momento, no nos ha cedido nada”, remarcó. Mediante la Unidad de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Choquehuanca dio a conocer que desconocía este caso e informó que Ecobol es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda. Pero el dirigente, delegado ante la Federación Única de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari” de La Paz, lamentó que hayan sido “usados”.
Denuncian que el oficialismo no respeta usos y costumbres. La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola indicó que esta denuncia muestra una vez más que el oficialismo no respeta los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Ante ello, aseveró que desde hace más de seis meses están pidiendo informes a la Contraloría del Estado sobre la situación de esta empresa que consideró deficitaria y que lejos de cerrarla la potenciaron. "Hubo una especie de repartija, se distribuyeron estas empresas del Estado. Nosotros estamos pidiendo informes y hasta ahora no nos lo entregan", lamentó.
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