Las nacionalizaciones pasan factura al Estado boliviano. Pese a que el Gobierno ya logró cerrar 10 conflictos legales por la política de estatización por los cuales pagó $us 835,9 millones por concepto de indemnizaciones a empresas nacionalizadas sin acudir a arbitrajes internacionales, Bolivia aún enfrenta siete demandas internacionales por $us 880,1 millones, reveló ayer el procurador general del Estado Plurinacional, Héctor Arce Zaconeta.
El informe fue efectuado durante la Audiencia Inicial de Rendición Pública de Cuentas gestión 2015 en el salón Paulistania del hotel Casablanca.
Las siete empresas que siguen procesos en contra del Estado en materia de inversiones son la chilena Quiborax, Abertis Infraestructura S.A., South American Silver Limited (Bermudas), Jindal Steel Bolivia S.A, Iberdrola S.A, BP Global-BP International-BP Asia, y la minera Glencore (ver infografía).
Sobre la demanda de la chilena Quiborax que pretende cobrar $us 146,5 millones por la revocatoria de sus concesiones mineras dijo que llegará hasta las últimas consecuencias para evitar el pago.
Refiriéndose a la nacionalización de Sabsa del grupo español Abertis que pide $us 85,5 millones, abrió la posibilidad de llegar a un acuerdo menor.
Dos casos complicados son los de la minera Silver y el de la siderúrgica Jindal. En ambas situaciones el Estado anunció una férrea defensa legal.
Destacan informe
El fiscal de distrito de Santa Cruz, Gomer Padilla; la presidenta de Defensa Pública, Geovanna Castro; la decana del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Lourdes Ardaya, y una decena de representantes de organizaciones sociales destacaron el informe.
Denuncia de APG
En la oportunidad, el capitán grande de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, denunció que las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) están siendo invadidas por el Gobierno al autorizar a las petroleras a hacer exploración hidrocarburífera en áreas protegidas.
Hizo notar que el decreto 2366 viola la Constitución Política del Estado. Además pidió al Poder Ejecutivo investigar a la empresa Total por excavar un lugar sagrado y retirar 78 restos óseos de un lugar sagrado
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