Para que el incremento salarial del 8,5% llegue a los trabajadores de las empresas públicas, éstas deberán demostrar sostenibilidad financiera para al menos tres años (próximos), según dispone el Decreto Supremo 2348 publicado el 1 de mayo.
El artículo 4 (requisitos) numeral a) de la norma precisa: (Las empresas públicas deben) "Demostrar sostenibilidad financiera en su flujo de caja para al menos tres años”. La otra condición es que haya generado utilidad operativa en la gestión anterior.
Además, el incremento salarial "deberá ser financiado por ingresos generados en la operación del giro del negocio”, señala el inciso c) del decreto.
El aumento no debe implicar, además, "ajustes” en los precios de los productos o servicios prestados; el uso de transferencias por subvenciones, fideicomisos, aportes de capital del Tesoro General de la Nación (TGN) u otros recursos de carácter no recurrente.
El ministro de Economía, Luis Arce, durante la promulgación de los decretos laborales el 1 de mayo, al referirse a las empresas públicas señaló que éstas "deben generar excedentes para el Estado y su correspondiente redistribución entre la población. Estamos siendo exigentes en cuanto al rendimiento a las utilidades operativas que deben generar para hacerse del incremento salarial, estamos estableciendo también que no pueden incrementar los precios de sus servicios y productos con el objetivo de incrementar salarios”.
Las entidades tienen plazo de 30 días calendario luego de la publicación del decreto para presentar, al ministerio del área, los documentos que respalden la sostenibilidad financiera, como el balance general, flujo de efectivo, estado de resultados y otros. La cartera responsable del sector tendrá 15 días para evaluar los documentos.
El Gobierno administra 23 empresas y en otras 20 tiene participación mayoritaria. No todas podrán acceder al aumento del 8,5% porque no generaron utilidades. La Empresa Pública Nacional Textil (Enatex) y la Empresa Minera Huanuni (EMH) confrontan dificultades.
En la textilera, el Gobierno despidió a más de 200 trabajadores y más de 300 fueron invitados a retirarse como parte del plan de "salvataje”. La factoría opera por debajo de su capacidad productiva, cerró seis de 17 agencias por deudas de alquileres y los mercados nacionales e internacional son limitados.
Sin embargo, los trabajadores no se conforman y no quieren perder ese beneficio. El secretario general de la Planta Telas, Jhonny Huanca, dijo que buscan reunirse con la COB y la Federación de Trabajadores Fabriles para que les expliquen los alcances del decreto. Admitió que la empresa está con déficit.
En el caso de Huanuni, el gerente general, Gustavo Choque, dijo a Página Siete el 28 de abril que la empresa registró un déficit al primer trimestre de cuatro millones de dólares, por lo que los trabajadores no serán beneficiados con el incremento salarial por tercer año consecutivo.
La empresa afronta la caída del precio internacional del estaño y elevados gastos para mantener a más de 4.000 mineros.
Propiedad estatal
Acciones Las empresas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria podrán asignar un aumento previa evaluación. El incremento podrá distribuirse de manera inversamente proporcional si la variación de la masa salarial emergente de la aplicación del beneficio no supere el porcentaje aprobado anualmente para el sector público, según el artículo 6 numeral II del decreto 2348.
Municipios Las empresas públicas de los municipios podrán fijar un aumento de acuerdo con su sostenibilidad
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