Once empresas públicas, además del Ministerio de Culturas y Turismo, tienen autorizaciones para realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas de bienes y servicios especializados en el extranjero, cuando éstos no están disponibles en el mercado nacional.
La facultad de prescindir de las licitaciones rige cuando no se pueden recibir ofertas en el país o, si tras una comparación, éstas son de mayor beneficio económico para la entidad, según dispone el Decreto Supremo 2328, aprobado por el Gabinete gubernamental el 15 de abril.
La norma fue emitida para viabilizar que el Ministerio de Culturas y Turismo pueda beneficiarse de esta modalidad de adquisición de bienes, obras y servicios especializados en el extranjero, para la promoción y difusión del "Destino Bolivia” y la "Marca País”.
Las firmas que tienen la autorización para hacer contrataciones directas son YPFB, la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, Enatex, la Empresa Azucarera San Buenaventura, Yacana, Boliviana de Turismo, Comibol y sus empresas filiales y subsidiarias y la Administración de Servicios Portuarios.
También tienen esta facultad el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, la Empresa Nacional de Electricidad y Bolivia TV.
El decreto subraya que en la contratación de bienes y servicios especializados y en la contratación directa, las empresas señaladas y el Ministerio de Culturas y Turismo podrán "adherirse a los contratos elaborados por los proveedores y contratistas”.
Además, el Decreto Supremo 2294, aprobado el 18 de marzo, autoriza que las contrataciones directas de bienes, obras y servicios suban de 20.000 a 50.000 bolivianos.
La norma permite ese incremento en los gobiernos municipales que pertenecen a la categoría A (5.000 habitantes) y B (entre 5.001 y 15.000 habitantes); además, los ministerios de Comunicación, Desarrollo Rural y Medio Ambiente pueden realizar esas adquisiciones sin licitación.
Discrecionalidad
El secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, opinó que la aprobación de este tipo de normas causa discriminación entre entidades del sector público que pueden evitar las licitaciones y otras que no, lo cual, además, puede generar discrecionalidad.
"¿Quién fiscaliza ese tipo de invitaciones directas? Se supone que la Contraloría debería ver el cumplimiento de la norma. La contratación directa lleva a contratos llave en mano y que pueden tener fallas. En muchos proyectos grandes no se hizo licitación y se tienen proyectos con criterio político, no técnico”, precisó.
En su criterio, se vulnera la Ley Safco y los procesos de planificación y fiscalización.
El economista Alberto Bonadona dijo que las compras directas generan discrecionalidad y corrupción, y no deberían ser aplicadas por ninguna repartición del sector público.
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