La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) designó hoy por unanimidad a seis legisladores, cuatro del oficialismo y dos de la oposición, para formar la segunda comisión mixta que investigará el proceso de capitalización y privatización en Bolivia.
"La comisión de investigación fue conformada por unanimidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco de la pluralidad y con la participación de las tres fuerzas políticas que componen nuestra Asamblea", señaló el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera.
Según la resolución aprobada a la que dio lectura la primera secretaria de la Cámara de Diputados, Nelly Lens, esa comisión está integrada por los senadores Arturo Murillo de Unidad Demócrata (UD) y Jovana Jordán del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en representación de la oposición y por el senador Rubén Medinaceli y los diputados Xavier Zabaleta, Romina Pérez y Susana Rivero del Movimiento Al Socialismo (MAS), en representación del oficialismo.
García Linera informó que la presidencia de esa comisión estará a cargo en el caso de la Cámara de Senadores de Rubén Medinaceli y de Javier Zavaleta por parte de la Cámara Baja. El Vicepresidente exhortó a la comisión a recoger los documentos trabajados por la primera comisión formada por la anterior Asamblea Legislativa para establecer proposiciones acusatorias contra las ex autoridades implicadas en la privatización y capitalización de empresas públicas.
"Deben hacerse asesorar por un buen equipo de investigación, un buen equipo jurídico para indagar sobre temas por ejemplo como el Lloyd Aéreo, en el que no hay responsables, temas como YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), es decir los temas más importantes", complementó.
Aseguró que las presidencias de ambas cámaras colaborarán con los recursos necesarios para que esa comisión de investigación "tenga el mejor sistema de información, investigación y elaboración jurídica para que al finalizar su trabajo exista una lista larga de acusaciones".
Dijo que esas acusaciones serán remitidas al Ministerio Público para que "nunca más" nadie se anime a privatizar "ni una aguja" en Bolivia. La primera comisión especial designada en julio de 2013 investigó el proceso de privatización entre 1990 y 2001 y concluyó con un informe que sugirió procesar a 11 ex autoridades, entre ellas, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el ex ministro Samuel Doria Medina.
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