Poco antes de iniciar sus vacaciones para someterse a tratamiento médico, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, dijo a los dirigentes de los trabajadores que a partir de enero se aplicaría la reglamentación de la Ley de Empresas Públicas que, según se supo, desconoce algunas conquistas laborales como el derecho a la protesta.
Esta posibilidad inquietó a los trabajadores de la principal empresa estatal y motivó, incluso, a que surjan amenazas de asumir medidas de presión en caso de que el Gobierno no retroceda en su intención, por lo que en una reunión de alto nivel se decidió dejar sin efecto, por el momento, cualquier normativa que desconozca los derechos laborales.
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros, José Domingo Vásquez, dijo que “hay bastante preocupación” en su sector, pero que en ningún momento opondrán obstáculos a la aplicación de la normativa “pero vamos a rechazarla cuando se atente a los derechos de los trabajadores”.
Un debate que no acaba
Los trabajadores de las empresas estatales, especialmente los mineros, fueron los primeros en observar que con esta disposición se pretendía conculcar sus derechos laborales y es por eso que lograron que la norma, que al final se promulgó en diciembre de 2013, se incluyera que están regulados bajo la Ley General del Trabajo.
Empero, en las disposiciones adicionales se establece que “el personal de las empresas públicas que al momento de la publicación de la presente ley se encuentre sujeto al Estatuto del Funcionario Público se mantendrá bajo esta regulación”.
Vásquez dijo que “siempre vamos a luchar porque se respeten los derechos laborales, no se atropelle a los trabajadores”, por lo que consideró que la Ley de Empresas Públicas tiene que servir para mejorar las condiciones generales y no para afectar a los trabajadores.
Es por eso que el lunes 5 pasado, dirigentes del sector se reunieron con el Primer Mandatario para hacerle conocer su preocupación y plantearle la urgente modificación de algunos puntos de la norma que vulneran sus derechos laborales, como el caso del derecho a la protesta.
Su sector presentó un proyecto para que se respeten “todas las conquistas de los trabajadores”, que también fue comunicado a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB). La redacción de dicha propuesta se empezó para presentarla “siempre con base en el diálogo, en el entendido de que todas las medidas que se den tienen que ser para mejorar las condiciones sociales y económicas del país y en ningún momento tendrán que ser para afectar el derecho de los trabajadores”, con lo que se espera que no se produzcan mayores problemas.
Norma cuestionada
La Ley de Empresas Públicas fue cuestionada desde un inicio por los trabajadores que veían conculcar sus derechos adquiridos.
14 empresas estatales reconocen la normativa, entre ellas YPFB, ENDE, Comibol, Empresa del Mutún, la Metalúrgica de Vinto y las mineras Huanuni, Colquiri y Corocoro.
El 13 de diciembre de 2013 fue sancionada la norma por la Asamblea Legislativa y el 26 de diciembre fue promulgada por el Presidente y el gabinete ministerial en el Palacio de Gobierno.
El 14 de abril de 2014 se promulgó la Ley 519, que tiene por objeto modificar dos artículos de la mencionada norma, en lo que tiene que ver con los créditos y los títulos.
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