PGE irá ‘hasta el fin del mundo’ en los casos SABSA y QuiBorax

La Procuraduría General del Estado (PGE) irá “hasta el fin del mundo” y usará los recursos necesarios para afrontar las demandas formales de Abertis Infraestructura (SABSA) y QuiBorax. “Hubo mal manejo económico, de estafa al Estado”, informó ayer el procurador, Héctor Arce.

“El caso de Química Borax (QuiBorax) o (el) caso de SABSA (Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA) donde hubo los primeros cuadros de mal manejo económico, de estafa contra los bolivianos, ahí por supuesto nuestra posición es absoluta, es clara, firme y si tenemos que ir hasta el fin del mundo, recurrir a todos los recursos, lo vamos a hacer. Vamos a hacer prevalecer los intereses del Estado”, indicó la autoridad.

En su intervención en el programa estatal El pueblo es noticia, el Procurador explicó que las acciones que tomará el Estado contra ambas firmas seguirán la lógica “de racionalidad y comprensibilidad”, como se aplica en las políticas del Gobierno.

Arce destacó que pese a los dos casos ya se avanzó en el 80% de los procesos de consolidación de la nacionalización. “Se están acabando los arbitrajes en contra el país”.

El analista económico Armando Álvarez indicó que el Estado podría llegar a un proceso contencioso en caso de que se pueda probar y fundamentar que existió “mal manejo de los recursos económicos”.

“Si no hay las pruebas suficientes, la situación puede complicarse, porque los concesionarios o las empresas pueden, en ese caso, seguir un arbitraje al Estado”, explicó.

La demanda de “QuiBorax S.A., Non-Metallic Minerals S.A. & Allan Fosk Kaplún” contra el Estado boliviano es por la reversión, en 2004, de concesiones para la explotación de recursos evaporíticos del salar de Uyuni, bajo el argumento de incumplimiento de normas ambientales e irregularidades en la entrega de las áreas.

Actualmente, el proceso se ventila en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde exigen un pago por $us 146 millones.

En tanto, el 18 de febrero, el Gobierno nacionalizó el paquete accionario de la empresa SABSA, filial de la española Abertis y Aena, debido a la falta de inversión para mejoras en los aeropuertos del eje troncal del país. SABSA pagó en 1997 Bs 26.050, correspondiente a 2.603 acciones, para administrar los aeropuertos del eje troncal, valuados en $us 430 millones. La compañía demanda una compensación de $us 49 millones.

Estado pagará menos del 25% que pidió PAE

El Estado pagará a la Pan American Energy (PAE) menos del 25% ($us 375 millones) y sin intereses de lo que había demandado la firma por la nacionalización de su paquete accionario en la petrolera Chaco SA, informó Héctor Arce, procurador general del Estado (PGE).

“Se va a pagar menos de un 30%, en realidad, con los últimos ajustes que estamos haciendo, menos de una cuarta parte, menos de un 25% de esos $us 1.500 millones que demandó la empresa PAE; se va a pagar sin intereses”, manifestó Arce.

Indicó que en las negociaciones sostenidas entre el Gobierno y la firma se acordó que el Estado no pagará ningún tipo de interés.

El Gobierno nacionalizó en enero de 2009 el paquete accionario de PAE en la empresa Chaco SA y en marzo de 2010 la firma internacional inició un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El Procurador señaló que en el marco del proceso de conciliación con la empresa, hoy se realizará una reunión en Santa Cruz de la Sierra.

‘Principio de acuerdo’ con ree

Acuerdo

El procurador general del Estado, Héctor Arce, informó que el Estado boliviano y Red Eléctrica de España lograron un “principio de acuerdo” para sanear la nacionalización de su filial boliviana Transportadora de Electricidad (TDE), expropiada en 2012. Arce sostuvo que existe “un principio de acuerdo al que se arribó hace un mes en España con la empresa Red Eléctrica”, que —a su juicio— permitirá “sanear” la nacionalización de TDE, según ABI. El 1 de mayo de 2012, mediante Decreto Supremo 1214, se nacionalizó el paquete accionario de la sociedad energética española.