En el sector público, la decisión de invertir la toman entre muchos, de manera que, si asumen algún riesgo, éste ya está diluido.
Entre los criterios considerados para tomar la decisión están: los políticos (generar apoyo o más votos) u otros generales (crear empleos, usar bienes locales, cumplir compromisos), de manera que la posibilidad de una pérdida termina siendo fácilmente justificada.
No buscamos el lucro, sino... Y si nada de eso se consigue, el dinero que se pierde no es de quienes tomaron la decisión; además, pocas veces hay castigo. Suele ocurrir que, una vez creada, la empresa se mantiene absorbiendo subsidios y recurriendo a presiones políticas para conservar su lugar en el presupuesto.
Los estímulos y riesgos, los premios y los castigos son tan diferentes en los dos sectores que no se extraña que el privado tenga siempre un nivel de eficiencia económica mayor, mientras que el segundo acaba escudándose en justificaciones y pretextos. En el sector público predomina el cálculo político, y en él recibe premio tanto el que gasta (invierte) como el que logra ingresos (recauda, cobra).
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