El embajador de España en Bolivia, Angel Vásquez Díaz de Tuesta, dijo ayer que su Gobierno ha determinado abrir un "compás de espera" en torno al pago de las indemnizaciones de la actual administración, producto de la nacionalización de varias empresas españolas vinculadas con el sector eléctrico y de servicios. El jefe de la legación diplomática en La Paz señaló que esa determinación obedece a la reciente designación del procurador general del Estado, Héctor Arce, quien se está interiorizando de los asuntos de su oficina. "Yo espero que el procurador, un hombre experimentado en esas lides, sepa llevar este asunto de manera que se llegue a acuerdos que es lo que todos nosotros deseamos y esperamos que sea pronto", sostuvo Vásquez Díaz de Tuesta.
NACIONALIZADAS
El Gobierno dispuso la nacionalización de varias empresas del grupo Iberdrola (Electropaz, en La Paz, Elfeo de Oruro y dos subsidiarias dedicadas a servicios), TDE (transportadora de electricidad), Sabsa de servicios aeroportuarios y el BBVA esta última administradora de pensiones, medida que fue asumida por el Ejecutivo en pleno uso de sus competencias y atribuciones constitucionales, según sostuvo hace un año por el embajador en entrevista con El Diario.
El grupo Abertis de España reclamó el año pasado $us 90 millones al Gobierno boliviano por la expropiación de Sabsa, filial de Abertis (90%) y participada por Aena (10%), según ha explicado a Efe el consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, quien recordó que el Gobierno boliviano congeló las tarifas de los aeropuertos desde el año 2001 y subió los salarios por decreto un 140% desde el año 2005.
RELACIONES BILATERALES
El Gobierno de España hizo patente el año pasado su preocupación en torno a la política de nacionalizaciones que llevó a cabo el Gobierno. Inclusive dijo que estaba estudiando las relaciones bilaterales a la luz de las decisiones del gobierno del presidente Evo Morales. El diplomático pidió entonces a las autoridades "concluir el proceso de nacionalización en tiempos razonables y que los mismos se sustancien sin ocasionar costos políticos y sin prolongarse indefinidamente".
"Pedimos que cuando se produce una nacionalización se haga como un gesto de política económica pero que no lleve aparejado ningún gesto político hostil o que pueda ser percibido como tal", puntualizó en una entrevista concedida a El Diario hace un año.
ANTECEDENTES
El Gobierno español hace un año consideró esta expropiación como “un acto inamistoso y que se suma a medidas similares emprendidas en meses recientes contra otras empresas españolas en Bolivia”, afirmó entonces un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en el que deploraba la decisión del Gobierno boliviano.
“Ante esta reiteración de decisiones que cuestionan la voluntad del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia de mantener con España las relaciones de amistad, cordialidad y cooperación que España siempre ha favorecido en todas los ámbitos, el Gobierno español, muy a su pesar, procederá a replantear el conjunto de las relaciones bilaterales”, añadió entonces el comunicado oficial.
Al justificar la expropiación el presidente Evo Morales explicó que Sabsa “no había hecho suficientes inversiones para ampliar los aeropuertos en El Alto (La Paz), Cochabamba y Santa Cruz”, los principales del país, y ha criticado los “sueldos exorbitantes” que percibían los ejecutivos.
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