Desde equipo pesado hasta tinta para impresoras, las empresas públicas del Estado tienen licencia para contratar todo tipo de compra o servicio sin licitación, sino mediante invitación directa. Los legisladores del MAS aseguran que los diputados o senadores pueden pedir informes de su desempeño a las 35 empresas que fueron creadas por el actual Gobierno.
Una revisión en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes) permitió verificar que 12 de las 35 empresas registraron las actividades programadas para este año y establecieron que realizarán 2.131 compras directas, es decir, sin licitación; las otras 23 empresas no tienen registro de adquisiciones o no figuran en este sistema de control.
Las empresas pueden adquirir bienes o servicios a través de seis modalidades que son: contratación menor, cuando la compra es hasta Bs 50.000; apoyo nacional a la producción y empleo: desde los Bs 50.000 hasta el millón de bolivianos; licitación pública, cuando la compra es superior al millón de bolivianos. Las otras tres modalidades son contratación por excepción; contratación por desastres o emergencias; y la contratación directa de bienes y servicios, no tienen límite en el monto.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, las empresas recurren a la contratación directa y por eso figuran bienes como tractores o camiones, que por ejemplo es la característica de la Empresa de Construcciones del Ejército, una de las que tiene más adquiciosiones registradas (ver cuadro). Según el Presupuesto General del Estado (PGE), las empresas públicas recibirán en la gestión 2014, la suma de Bs 101.000 millones para su funcionamiento; de ese monto, según técnicos del Ministerio de Economía, al menos el 50% se destina a tres rubros: bienes, servicios y gastos de capital.
En estos tres rubros es donde se registran las contrataciones directas, ya que aunque las empresas tengan otras opciones de compra, no las usan y prefieren la vía que no implica restricciones ni licitación.
El diputado oficialista Javier Zabaleta explicó que hubo tres razones para emitir los decretos que suprimieron los controles y que ahora facilitan el funcionamiento de las compañías estatales. “La primera fue por fuerza de seguridad del Estado, hay elementos que no se pueden revelar por seguridad. La segunda es la agilidad de las compras, ya que había demasiados pasos burocráticos; la tercera es por la exclusividad de los productos, porque hay muchas adquisiciones cuyos proveedores no están en el país”, dijo el legislador y recordó que en el caso de Papelbol (la fábrica estatal de papel), hubo una crisis de papel y que obligó al Gobierno a tomar ese tipo de decisiones para montar una fábrica.
Las normas
Aunque el artículo 72 del decreto 181 señala claramente una decena de casos en los que se puede realizar contrataciones directas y fija los montos en los que se puede recurrir a esta modalidad, el decreto 1497 de febrero de 2013 modifica los montos mínimos a Bs 20.000 y faculta a las empresas a hacer adquisiciones directas sin mayor trámite.
Pero al margen de estos decretos está la Ley de la Empresa Pública, que en el parágrafo I del artículo 55 señala: “en el marco de lo dispuesto en el artículo 213 de la Constitución Política del Estado, la Contraloría General del Estado ejercerá sus competencias de control de administración sobre las empresas públicas, debiendo tomar en cuenta el régimen legal de la empresa pública y no la normativa común que rige al sector público”. Según el diputado Javier Leigue ese artículo cerró la posibilidad de fiscalización a través de la ley Safco.
Los artículos 56 y 58 de la misma ley establecen auditorías externas a cargo de empresas privadas para las empresas públicas. Las firmas de fiscalización deben ser autorizadas por la Contraloría.
Cada empresa debe constituir un mecanismo de control interno, que estará a cargo de un responsable que será designado por el directorio de la empresa.
Pese al esfuerzo de EL DEBER para lograr una explicación oficial sobre estos puntos, los responsables del Ministerio de Economía y de la Contraloría afirmaron que no era posible atender el requerimiento. El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, se encuentra de viaje en EEUU y es el único que puede autorizar declaraciones de otras autoridades; mientras que en la Contraloría informaron reiteradamente que su principal ejecutivo estaba en reunión.
Las fallas
El diputado Javier Zabaleta (MAS) admitió que una de las falencias de las normas se refiere a la fiscalización y que se debería pensar en legislación que permita el control de estas empresas y el gasto que realizan en sus actividades; pero dijo que para esta gestión no existe ninguna iniciativa legislativa, ya que son al menos cinco leyes las que deben complementar esa norma.
El senador Eduardo Maldonado (MAS) recordó el debate sobre el manejo de la empresa privada o la empresa pública y señaló que fue por los procedimientos burocráticos que se decidió modificar la forma de adquisición, pero que la falencia fue no diseñar mecanismos de control, lo que llevó a los actos que se conocieron “en este tiempo”, en alusión al caso de BoA.
En su opinión, luego de conocer las conclusiones de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por el caso BoA, se debería planificar la revisión de los estados financieros de las empresas estatales, pero siempre y cuando se establezca que existieron irregularidades en el caso de la línea aérea.
El diputado Javier Leigue (CN) dijo que no se podrá controlar los gastos dispendiosos de las empresas, porque no existen mecanismos y que por eso todas esas iniciativas serán un fracaso y serán reveladas con el escándalo para el Gobierno
LOS MINISTERIOS TAMBIÉN RECURREN A LAS COMPRAS DIRECTAS PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO
Las instituciones estatales como los ministerios también recurren a las compras directas. La diferencia con las empresas es que los ministerios realizan la compra directa para promover las actividades del Órgano Ejecutivo, según el portal del Sicoes.
El Ministerio de Comunicación está a la cabeza de las entidades que recurren a la compra directa con 462 adquisiciones; y los ítems que más uso tienen son los espacios publicitarios en los medios de comunicación y la impresión de boletines, afiches y cuadernillos que son distribuidos en los actos a los que concurre el presidente Evo Morales y su comitiva.
El ministerio de Salud es el despacho que hace uso de las seis modalidades porque tiene registro de 288 contrataciones menores; 249 contrataciones de apoyo al empleo; otras 10 licitaciones públicas; siete contrataciones por excepción; 55 contrataciones directas y 15 contrataciones con otros recursos.
Ministerios como el de Hidrocarburos registra las contrataciones directas para el suministro de gasolina y compra de papelería principalmente.
El Ministerio de Gobierno, que está a cargo de la seguridad ciudadana, registró sus contrataciones directas para el arrendamiento de oficinas en distintos puntos del país; aunque también señala “adquisición de equipo policial para seguridad”, y no especifica qué tipo de equipo ni el monto que destinará a esa compra.
En el caso de otro ministerio estratégico, Defensa, solo realizará compra de combustible de manera directa y diferenciada para cada mes del año.
El Ministerio de Culturas, tuvo actividad frenética para las compras directas en enero cuando se realizó el Dakar 2014, y que pasó por el país. Según el registro, el alquiler de equipos de comunicación, amplificación, música, sobrevuelos, despliegue de eventos, músicos y modelos se realizó con compras directas.
Los gastos para los actos de premiación como el premio Eduardo Avaroa o la promoción del Dakar 2015, también se realizaron de manera directa, incluso figura la transmisión de estos eventos.
El Ministerio de Economía, que distribuye estos recursos, inscribió nueve compras directas, la mayoría referida a la promoción de la nueva Ley de Servicios Financieros en todo el país; mientras que el novísimo Ministerio de Deportes, registró compras menores y en el de apoyo al empleo.
ANÁLISIS
Hay que adecuar toda la Ley Safco
MARCELO SILVA - POLITOLOGO
Desde hace tiempo que la transparencia y las normas como la de adquisiciones y compras que es la ley Safco han quedado en el olvido y el argumento siempre fue que era un pesado trámite que implicaba el procedimiento para todas las autoridades, de se modo esta ley se convirtió en un instrumento muy pesado en su ejecución.
Sin embargo, la norma podía garantizar transparencia por el control y la posibilidad de supervisar las compras durante la gestión pública; pero ahora todo eso ha desaparecido y se priorizó la contratación directa. Esto ha generado y va a seguir generando polémicas, por tanto la corrupción se hace notoria por las dificultades de control.
Si bien es cierto que la ley Safco puede y debe ser mejorada, se necesitan mecanismos expeditos para que pueda equilibrar los dos casos: la agilidad por un lado pero también la transparencia; esos son los dos elementos que no se ha podido compatibilizar.
Hoy hay una rapidez de compra en el gasto estatal, pero hay menos información de lo que se pide al propio Estado. Ni siquiera entidades dedicadas al estudio pueden acceder a información oficial.
LOS DETALLES
LOS RECURSOS CON QUE CUENTAN LAS EMPRESAS DEL ESTADO
Presupuesto para el 2014
Las 35 empresas recibirán Bs 101.000 millones; el 50% es para gastos de bienes, y servicios y para gasto de capital. Eso significa aproximadamente unos 50.000 millones en compras directas.
De cara al presupuesto 2015
Las autoridades del Ministerio de Comunicación informaron de que ya empezó la formulación del presupuesto 2015 e instruyó a las entidades a comenzar a trabajar en sus planes operativos anuales.
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