Tras el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que obliga al Estado a pagar a Rurelec 28,9 millones de dólares, además de intereses, la nacionalización de seis empresas ha costado al Estado al menos 418,9 millones de dólares.
Además, están en curso otras cuatro demandas por la nacionalización de empresas -antes de propiedad de PAE, Quibórax, Abertis y REE- y por las cuales se exige una compensación que suma 1.893 millones de dólares.
Este último dato incluye el pago a la Red Eléctrica de España (REE), que el 26 de febrero de este año inició el arbitraje por la nacionalización de sus acciones en la compañía Transportadora de Electricidad (TDE).
El 1 de febrero de este año el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya emitió un fallo que obliga al Estado a pagar a Rurelec 28,9 millones de dólares, a los que debe sumarse el interés anual a una tasa de 5,63331% como indemnización por la reversión de sus acciones en la generadora Guaracachi.
Anteriormente, en 2009, con Ashmore-Shell se alcanzó un acuerdo por 241 millones de dólares por la nacionalización de sus acciones en la transportadora de hidrocarburos Transredes.
Luego, en 2010 se logró un convenio con ETI Eurotelecom Internacional por la expropiación de sus acciones en ENTEL; la transnacional recibió 100 millones de dólares, pero se dejó pendiente una deuda impositiva por más de 150 millones de dólares.
Al respecto, el gerente general de ENTEL, Óscar Coca, afirmó ayer que cuando se concilió el pago con la empresa italiana también se cerraron esas deudas.
"En su momento, los italianos pedían (una compensación de) 800 millones de dólares, pero luego bajaron a 400 y finalmente el estudio determinó que el valor de su participación era de 200 millones de dólares; sin embargo, sólo se pagaron 100 millones porque se conciliaron las deudas (...). Se han neteado las deudas, de tal suerte que con los 100 millones de dólares quedaron saldadas”, dijo.
Ese mismo año, el Estado canceló 16,4 millones de dólares al grupo alemán-peruano Oil Tanking- Graña Montero, por la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB).
En 2011 se concilió con el grupo GDF Suez, por la estatización de la Empresa Generadora de Electricidad Corani, con un pago de 18,4 millones de dólares.
Finalmente se erogaron 14,2 millones de dólares para Bolivian Generating Group por la reversión al Estado de sus acciones en la Empresa Generadora de Electricidad Valle Hermoso.
Otros casos
El Estado, además de los casos mencionados, también tuvo que erogar recursos para la adquisición de acciones en las compañías Andina, Chaco, Transredes y Petrobras, que en total suman 188,2 millones de dólares, según el libro La descapitalización. Cómo se hizo y cuánto costó, del especialista en hidrocarburos Francesco Zaratti.
Por ejemplo, cita el pago efectuado a la empresa Petrobras por la compra de sus activos en las refinerías Guillermo Elder Bell, de Santa Cruz, y Gualberto Villarroel, de Cochabamba, por las que se pagaron 112 millones de dólares en su momento.
Los arbitrajes
CostosEstá pendiente un laudo arbitral sobre el caso de Pan American Energy (PAE), que en septiembre de 2013 presentó una demanda contra el Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI); pide una compensación de 1.496 millones de dólares por la estatización de su paquete accionario en la petrolera Chaco. Finalmente, en los últimos días la REE calculó que sus activos en la TDE nacionalizada suman 164 millones de dólares.
Ganancias En 2013, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que la nacionalización deja más ganancias que los desembolsos para el pago de las indemnizaciones y eso se puede ver en el crecimiento económico y los ingresos que recibe ahora el país.
Afirman que el proceso tuvo ganancias y pérdidas
En el proceso de nacionalización que hizo el Estado, Bolivia puede considerarse perdedora y, en el caso de algunas empresas, ganadora, afirmó ayer el analista Francesco Zaratti.
"En algunos casos, Bolivia perdió, como por ejemplo en la compensación de 241 millones de dólares a la empresa Transredes. Algo similar puede ocurrir con Pan American Energy (PAE), que pretende 1.496 millones de dólares”, explicó.
En el caso Rurelec, en el que La Haya falló que Bolivia debe pagar 28,9 millones de dólares e intereses , fue un empate, "no hubo ganadores ni perdedores”, dijo.
Como ejemplo de un buen arreglo citó el caso de la empresa Andina, a la cual se le compraron sus acciones en 7,9 millones de dólares para tener mayoría en el directorio.
Además, está la compra de las dos refinerías, por las cuales se pagaron 112 millones de dólares, según afirma Zaratti en su libro La descapitalización. Cómo se hizo y cuánto costó.
En el estudio, el experto señala que el costo de lo que denomina la descapitalización -un proceso inverso a la capitalización-, hasta fines de 2009, llegó a 429,4 millones de dólares, que incluye la compra de las acciones de Andina, Chaco, Petrobras y la indemnización para Transredes. No están incluidas ENTEL ni Rurelec.
Ahora, lo que le queda a Bolivia es cerrar todos los temas pendientes por la nacionalización, debido a que ahora "más que nunca” el país necesita inversión, sobre todo en hidrocarburos, remarcó.
Punto de vista
Ronald Martin
Experto en arbitrajes
"Hay cierto grado de beneficios”
El Estado está beneficiándose de las utilidades de las empresas a partir del proceso de nacionalización; en el caso de que no se hubiera procedido con la nacionalización, sólo le habrían llegado impuestos.
Entonces, de alguna manera hay un cierto grado de beneficio, pero también hay un grado de riesgo, porque el proceso de nacionalización ha impedido de alguna forma la atracción de más inversiones extranjeras directas a Bolivia; ese porcentaje es uno de los más bajos de la región.
Si se compara la inversión extranjera en Chile o Perú, estamos en menos del 10% de lo que ellos atraen en inversión extranjera anualmente y esto es por un riesgo país que se incrementó altamente.
Lo que se está ganando por utilidades el país lo está perdiendo en impuestos de otras empresas con capitales extranjeros que podrían venir a Bolivia.
Ahora, lo que se busca hacer con la futura Ley de Promoción de Inversiones es recuperar esa posición anterior a las nacionalizaciones y darle al inversionista una mayor certeza jurídica.
Entre los países de Sudamérica, el que más inversión extranjera directa registra es Brasil y le siguen Perú y Chile; nosotros estamos en los últimos lugares en cuanto a inversión extranjera.
La nacionalización es equivalente a expropiación y ésta es una compra forzada realizada por el Estado, que debe cumplir ciertos requisitos: el primero es que sea a causa de necesidad pública.
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