Arbitraje de PAE contra el país se aplaza hasta septiembre de 2014

Hasta septiembre de 2014 fue suspendido el proceso de demanda internacional de arbitraje que inició la petrolera Pan American Energy (PAE) contra el Estado boliviano en el CIADI por la nacionalización de sus acciones en la actual YPFB Chaco SA (50% del paquete accionario).

La información fue extraída del documento “Rendición Pública de Cuentas 2013” presentado por la Procuraduría General del Estado (PGE), ayer en El Alto, ante representantes de organizaciones sociales.

En el informe se explica que el proceso estaba sujeto a un calendario procesal, en el que “el Estado (a través de la Procuraduría) debía presentar el memorial de Objeciones a la Jurisdicción (correspondiente) y Contestación a la Demanda (de PAE) en abril de 2014”, pero que, “de acuerdo con las últimas reuniones con representantes de PAE, fue suspendido el arbitraje por seis meses (hasta septiembre del siguiente año)”.

Ante tal circunstancia, la subprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, explicó que el calendario procesal fue modificado por “decisión de las partes”, gracias al trabajo que hace la Procuraduría en tratar de resolver este proceso a través de diálogos directos con los demandantes.

El procurador general del Estado, Hugo Montero, añadió que hay “reuniones de acercamiento” con PAE en busca de puntos de equilibrio respecto “a sus elevadas y descomunales pretensiones”, de compensación por la nacionalización de sus acciones en YPFB Chaco, el 23 de enero de 2009 a través del Decreto Supremo 29888.

Arismendi detalló que PAE tenía acciones en la empresa Amoco Bolivia Oil & Gas en YPFB Chaco SA. “Al haberse nacionalizado las acciones de Amoco Bolivia Oil & Gas, ha sido su controlante PAE la que demandó al Estado en arbitraje internacional”.

Acción. Por esta nacionalización, PAE demanda al Estado un resarcimiento de $us 1.496 millones. El 12 de marzo de 2010 presentó una demanda contra Bolivia en el CIADI. Montero consideró que este proceso de arbitraje no debería haber sido registrado en el CIADI, sino en otros foros, toda vez que Bolivia ya no pertenece a ese centro desde 2007 y que la nacionalización fue en 2009. En una entrevista anterior, añadió que el proceso pudo presentarse ante la Corte Internacional de Arbitraje de París u otras cámaras de comercio.

Con este argumento, recordó ayer que la PGE interpuso un reclamo ante esta instancia, cuestionando la jurisdicción del caso, y que solicitaron además “la bifurcación” (división) del proceso, pero que lamentablemente el tribunal del CIADI consideró que el pedido no era viable, por lo que la demanda debe ser tratada en conjunto sin separación del caso.

“Nosotros dijimos: Señores del CIADI, ustedes deben bifurcar este procedimiento porque son dos cosas distintas, una es la nacionalización y otra son los reclamos que se han tenido antes de la nacionalización. Sin embargo, el Tribunal dice lo vamos a resolver todo en uno”, dijo Montero.

El 27 de noviembre de este año, La Razón informó que el Tribunal del CIADI rechazó la solicitud del Estado boliviano de “bifurcar” el proceso arbitral que la empresa PAE presentó contra Bolivia. Ante tal situación, la PGE anunció que presentará notas de protesta ante esa instancia.

Relación de Bolivia con el CIADI

Salida

Bolivia firmó el convenio del CIADI el 3 de mayo de 1991 y lo ratificó a través de la Ley 1593 el 12 de agosto de 1994. El convenio entró en vigencia el 23 de julio de 1995. El Gobierno renunció al CIADI, que depende del Banco Mundial, el 1 de mayo de 2007. Esta determinación se hizo efectiva en octubre del mismo año.

Amenaza

El 4 de octubre de 2013, el presidente Evo Morales advirtió con tomar drásticas decisiones contra las petroleras que operan en el país y que tengan arbitrajes contra el Estado.

Cuatro firmas piden $us 1.870 MM al Estado

El Estado boliviano tiene ocho casos pendientes por nacionalizaciones. De éstos, cuatro casos tienen demandas formales en materia de inversiones ante entidades externas, y el monto que reclaman éstas suman $us 1.870 millones. En tanto, otras cuatro tienen notificaciones diferentes pero no exigen montos específicos.

Los datos fueron expuestos ayer por el procurador general del Estado, Hugo Montero, en el acto de Rendición Pública de Cuentas 2013, que se realizó en uno de los auditorios de la Procuraduría General del Estado (PGE) en la ciudad de El Alto.

“Cuatro de esos casos de los ocho que mencionábamos están con demandas de arbitraje formal y en proceso arbitral formal, me refiero a Guaracachi América Inc. y Rurelec, Quiborax & Non Metallic Minerals, Abertis Infraestructuras, Pan American Energy (PAE)”, detalló Montero. Explicó que otros dos casos tienen notificación de controversia por empresas eléctricas, una iniciada por parte de Iberbolivia y Red Eléctrica Internacional (REI).

En estos casos, dijo que las empresas comunican la decisión de una controversia. Otros dos casos están con notificación de demanda de arbitraje, uno por parte de Air BP y otra por South American Silver (SAS). En estos casos, estas compañías anunciaron al Gobierno que iniciarán un arbitraje.

El 23 de octubre de este año, La Razón informó que cinco firmas que iniciaron demandas de arbitraje en contra del Estado boliviano por la nacionalización de sus activos demandan en conjunto una compensación de $us 1.835,5 millones, con base en datos de la PGE enviados a este diario. Montero indicó que el pedido de estas compañías es exagerado, aunque señaló que se pagará una indemnización justa.