El Estado logró frenar al menos cinco demandas de arbitraje mediante la conciliación y el pago de unos 390 millones de dólares, pero aún enfrenta seis procesos por la nacionalización de compañías de diferentes sectores.
Se alcanzó un convenio con ETI Eurotelecom Internacional por la expropiación de sus acciones en ENTEL. Se pagaron 100 millones de dólares, aunque se asumió sus deudas impositivas por más de 150 millones de dólares.
Con Ashmore- Shell se llegó a un acuerdo por 241 millones de dólares por la nacionalización de sus acciones en Transredes.
Se concilió con el grupo GDF Suez por la estatización de la Empresa Generadora de Electricidad Corani, con un pago de 18,4 millones de dólares.
También se erogaron 14,2 millones de dólares para Bolivian Generating Group por la reversión al Estado de sus acciones en la Empresa Generadora de Electricidad Valle Hermoso.
El Estado canceló 16,4 millones de dólares al grupo alemán-peruano Oil Tanking- Graña Montero por la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB).
Arbitrajes en curso
Están pendientes de un laudo arbitral, que equivale a una resolución o fallo, la demanda de Rurelec por la reversión de la empresa generadora Guaracachi en 2010. La firma británica exige 142,3 millones de dólares.
Pan American Energy (PAE), que presentó una demanda arbitral contra el Estado el 24 de septiembre ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) , pide una compensación de 1.493 millones de dólares, incluidos daños y perjuicios, por la estatización de su paquete accionario en la petrolera Chaco.
La Red Eléctrica de España, según confirmó el exgerente de ENDE Hugo Villarroel el 8 de enero de este año, presentó un recurso arbitral por la estatización de la Transportadora de Electricidad (TDE). La firma española calculó en 164 millones de dólares el valor de esos activos transferidos al Estado.
Está en curso el arbitraje iniciado por Jindal por la ejecución de una boleta de garantía por 18 millones de dólares por supuesto incumplimiento de contrato.
Además, aún está pendiente la demanda de Non Metallic Minerals por la nulidad de sus concesiones en el Salar de Uyuni (caso Quibórax).
Abertis Infraestructuras SA de España interpuso una demanda porque se habría vulnerado su contrato con la disminución de tarifas para administrar los aeropuertos. Este año se revirtieron al Estado esos activos.
Una veintena de nacionalizaciones
Desde 2006, el Estado impulsó la nacionalización de una veintena de empresas que fueron privatizadas o capitalizadas en los 90.
En 2006 retomó el control de la mina de estaño Huanuni y en 2007 de la fundición de Vinto, en manos de la suiza Glencore.
En 2008, el Estado procedió con la recuperación de las empresas petroleras capitalizadas Transredes, Chaco (se concretó en 2009) y Compañía Logística de Hidrocarburos; logró el control accionario en petrolera Andina y nacionalizó ENTEL. En 2009 le tocó el turno a Air BP, que distribuía combustible en los aeropuertos.
En 2010, la reversión afectó a las empresas eléctricas Guaracachi, Corani y Valle Hermoso, y a la Empresa de Luz y Fuerza de Cochabamba y la fundición de antimonio, en manos de la suiza Glencore.
En 2012 le tocó el turno a la Transportadora de Electricidad. Se expropiaron las distribuidoras de energía eléctrica de La Paz y Oruro a Iberdrola, además de una empresa de servicios y de una gestora de inversiones.
SABSA fue nacionalizada este año.
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